La negociación colectiva es un derecho, no un trámite

El núcleo más profundo de esta crisis no es únicamente salarial: es democrático. Desde la OPP se ha instalado una lógica peligrosa: tratar la negociación colectiva como un acto administrativo discrecional, como si sentarse a la mesa fuera un “gesto” hacia los trabajadores y no una obligación legal y ética del Estado.

Esta mirada transforma un derecho conquistado en un “favor” que puede darse o no, según convenga. Se ofrece “evaluar”, “escuchar”, “ver qué se puede hacer”, como si se tratara de concesiones, cuando en realidad es un deber institucional respetar el marco de los Consejos de Salarios y garantizar un espacio tripartito real y no decorativo.

Además, esta actitud implica tirar migajas en lugar de negociar seriamente, vaciando de contenido un ámbito que debería ser un pilar de la democracia laboral en Uruguay. No se trata solo de salarios: se trata de cómo un Estado concibe y respeta, o no, los derechos de los trabajadores y trabajadoras.

La negociación colectiva no es un favor: es un derecho democrático que el Estado debe garantizar con buena fe, reglas claras y respeto real.