Carlos Clavijo destacó avances del Diálogo Social y planteó desafíos para ampliar la protección social

En el tercer seminario de FFIPUNE, el director representante de los trabajadores analizó los acuerdos, las propuestas y las diferencias del proceso de Diálogo Social. Destacó las iniciativas para ampliar derechos y señaló que el financiamiento y la transformación del ahorro individual continúan siendo asuntos centrales para el movimiento sindical.

La seguridad social debe proteger a las personas durante toda su vida y acompañar las transformaciones del mundo del trabajo. Desde esa perspectiva, Carlos Clavijo, director representante de los trabajadores, compartió en el tercer seminario de FFIPUNE un balance del Diálogo Social, en el que identificó avances y compromisos, así como diferencias y discusiones pendientes.

Durante su intervención, sostuvo que la seguridad social constituye un derecho humano fundamental y que su alcance comprende la protección ante distintas contingencias laborales, familiares y de salud. Reivindicó, además, su papel como herramienta de redistribución de la riqueza y la responsabilidad del Estado como garante de esos derechos.

Clavijo vinculó la apertura de esta discusión con el impulso del movimiento sindical y con el debate público generado alrededor del plebiscito sobre seguridad social. Señaló que, aunque la iniciativa no alcanzó los votos necesarios, contribuyó a instalar el tema en la agenda nacional. En ese marco, explicó que la participación sindical en el Diálogo Social se apoyó en una propuesta programática aprobada por unanimidad en su congreso.

Ampliar la protección y reconocer los cuidados

Entre los puntos que valoró positivamente, Clavijo destacó las coincidencias en torno a la necesidad de atender la pobreza infantil, fortalecer las transferencias y avanzar en políticas de cuidados, licencias parentales y corresponsabilidad.

En particular, advirtió que la distribución del cuidado continúa recayendo principalmente sobre las mujeres. Planteó que las modificaciones normativas deben facilitar una participación más equitativa y superar las barreras que dificultan a los padres ejercer ese derecho.

También destacó la propuesta de una prestación mínima para personas de 70 años o más sin ingresos, o con ingresos inferiores al mínimo previsto, que contemple su situación individual sin que los recursos de familiares se conviertan en una barrera de acceso.

Otro de los avances señalados fue la iniciativa de generar una protección ante la pérdida de ingresos para trabajadores y trabajadoras por cuenta propia. Al recordar lo ocurrido durante la pandemia, explicó que muchas personas mantuvieron cobertura de salud, pero carecieron de una herramienta equivalente al seguro de desempleo cuando no pudieron continuar con su actividad.

En materia de discapacidad, mencionó la discusión sobre las dificultades de acceso a prestaciones y la necesidad de evitar situaciones en las que una persona queda impedida de trabajar, pero tampoco reúne los criterios exigidos para recibir protección económica.

Compromisos para recuperar derechos

Clavijo informó sobre acuerdos orientados a revisar restricciones introducidas por la reforma jubilatoria. Entre ellos, mencionó la eliminación de los plazos para reconocer años de trabajo anteriores a 1996.

Según explicó, esos límites perjudican a quienes ya sufrieron la falta de registro o de aportes por parte de sus empleadores. Desde la perspectiva sindical, esa vulneración no debería traducirse en una nueva pérdida de derechos al momento de acreditar los servicios.

Asimismo, destacó el compromiso de corregir las restricciones para acceder a la jubilación por incapacidad total cuando una persona continúa trabajando después de haber configurado causal jubilatoria común. También señaló la importancia de que el suplemento solidario acompañe la evolución de los salarios para preservar su valor.

Estos puntos fueron presentados como acuerdos y compromisos que requieren su correspondiente concreción normativa.

El retiro a los 60 años y las condiciones de acceso

Sobre la posibilidad de jubilarse a los 60 años, Clavijo valoró que se abriera una alternativa, aunque aclaró que las condiciones planteadas no alcanzaban el objetivo defendido por el movimiento sindical.

Explicó que esta discusión resulta especialmente relevante para quienes pierden su empleo cerca de esa edad y encuentran dificultades para reinsertarse laboralmente. Para esas personas, contar con una opción de retiro puede evitar un período prolongado sin ingresos.

No obstante, señaló que permanecían diferencias sobre las condiciones económicas, la compatibilidad de la jubilación con el empleo y la protección de quienes quedan fuera del mercado laboral antes de alcanzar la edad de retiro. Al momento de su intervención, indicó que todavía debían conocer y discutir el proyecto de ley.

Financiamiento y ahorro individual: debates pendientes

Uno de los principales cuestionamientos de Clavijo fue que el financiamiento de la seguridad social se trasladara a la discusión de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Sostuvo que este asunto es inseparable del debate sobre la ampliación de derechos.

Advirtió que los cambios tecnológicos pueden incrementar la productividad y las ganancias mientras reducen el empleo y la masa salarial sobre la que se realizan aportes. Por ello, defendió la necesidad de discutir mecanismos que incorporen esa riqueza al sostenimiento del sistema, junto con una revisión de los aportes patronales y las exoneraciones.

Respecto del ahorro individual, expresó su valoración crítica sobre el alcance de los cambios. Según relató, se había considerado una alternativa con un organismo estatal que intermediara entre los trabajadores y las entidades administradoras, modificando la gestión de los fondos y las condiciones de remuneración.

Clavijo explicó que el movimiento sindical entendía esa propuesta como un paso intermedio hacia sus objetivos históricos. Sin embargo, sostuvo que ese cambio estructural no prosperó y que el planteo quedó limitado a una reducción de comisiones, que consideró insuficiente.

Su intervención dejó un balance de avances que deben concretarse, diferencias que requieren discusión y una agenda sindical que continúa abierta. En ese recorrido, reivindicó la participación organizada de los trabajadores y las trabajadoras para construir una seguridad social con mayor cobertura, solidaridad y garantías.